Manifiesto

Este manifiesto pretende evitar cualquier sesgo político de tipo partidario que pueda empañar la imprescindible unidad de todos los valencianos y valencianas en la defensa de un interés común.

El próximo mes de marzo se cumplirán 40 años de la creación del Consell del País Valencià, el órgano preestatutario que dio pie a la actual Comunitat Valenciana en el proceso de descentralización y de reconocimiento de las singularidades territoriales que iniciaba la recién estrenada democracia española.

Aquellos inicios fueron fruto de la voluntad de los valencianos y las valencianas de recuperar su autogobierno, de aproximar las instituciones a la realidad de nuestro territorio, de sus pueblos y ciudades y de atender las demandas de libertad y de prosperidad para todos los ciudadanos.

Fue un esfuerzo compartido en el que se implicó toda la sociedad y que desembocó en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado en 1982, que permitió la recuperación de la Generalitat Valenciana y, con ella, la capacidad de los valencianos y las valencianas de decidir su futuro de forma solidaria con el resto del Estado. Un estatuto que ha contado junto con el Gobierno autonómico, con el papel de los sindicatos de clase y las organizaciones empresariales como agentes sociales garantes del buen funcionamiento del mismo, como se ha demostrado con su compromiso en estas cuatro décadas de trabajo y diálogo por el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, y en definitiva de la ciudadanía valenciana.

Cuatro décadas más tarde, la Comunitat Valenciana se encuentra en un momento que requiere esa misma unidad para hacernos oír con una sola voz y lograr un futuro sin más hipoteca que nuestra capacidad para generar riqueza, bienestar y progreso.

La construcción del Estado Autonómico ha acercado las decisiones políticas a la ciudadanía, pero hoy, estamos en una situación fallida.

Frente a este problema, Los valencianos y valencianas tenemos vocación de formar parte de una solución global, porque creemos que nuestra voz puede contribuir a crear un Estado que no se agota en la administración central.

Hasta la fecha, ninguno de los diferentes sistemas de financiación ha tratado con justicia a la Comunitat Valenciana. Este mismo año, cada valenciana y valenciano recibiremos 237 euros menos que la media de ciudadanos del estado, o 839 menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale a un 10% y 29% menos de recursos, respectivamente. Esas diferencias son la causa fundamental de nuestros mayores déficits presupuestarios, generados año tras año, a pesar de gastar menos que la media de las comunidades.

Sumando infrafinanciación e infra inversión, en este año, nuestra discriminación alcanzará los 1600 millones de euros, solo comparándonos con la media. Estamos, por tanto, en una situación insólita, tenemos una renta per cápita inferior en 12 puntos a la media y necesitamos más de esos 1.600 millones de euros para acercarnos a esta.
Y, sin embargo, somos la autonomía que menos recursos por habitante recibe; la única que, siendo pobre, aporta al conjunto del estado. El resultado es, sencillamente, insoportable para la ciudadanía valenciana.
Estas cifras suponen que los valencianos y valencianas nos veamos obligados a hacerlo todo con mucho menos. Los trabajadores y los empresarios valencianos tienen que enfrentarse a los retos cargando con la mochila de la discriminación y ante esta situación decimos basta. Decimos basta desde los valores compartidos con la ciudadanía, decimos basta porque creemos en la igualdad de oportunidades.

Ante esta prolongada discriminación, ya en 2013 la Comisión de Expertos nombrados por Les Corts Valencianes para el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica señaló en su documento de 16 de septiembre que el problema de desigualdad y menor financiación recibida por la Comunitat Valenciana se remonta al inicio de los sistemas de financiación autonómica de la década de los ochenta.

Desde entonces, han pasado más de 30 años y la sistemática aplicación de criterios que han respetado el statu quo ha impedido que las sucesivas reformas del sistema hayan resuelto este desajuste, convirtiendo el desequilibrio financiero público en un grave problema de crónica infrafinanciación e insostenible endeudamiento.

A la vista de esta realidad, la Generalitat Valenciana promovió en 2013 el “Manifiesto por una Financiación justa para la Comunitat Valenciana” que fue secundado por las diferentes fuerzas políticas con representación en Cortes y organizaciones representativas de la sociedad civil valenciana.

Aquel primer manifiesto denunciaba la quiebra del principio de equidad y solidaridad de un modelo de financiación autonómico que hacía de la Comunitat Valenciana la única comunidad en la que se combinaban unos ingresos y gastos inferiores a la media con una renta por habitante también por debajo de la media y un saldo fiscal negativo.

Tres años más tarde, en 2016, la Generalitat Valenciana promovió el “Manifest per un Finançament Just” que secundaron más de 600 entidades valencianas, al que siguieron los acuerdos alcanzados por unanimidad en Les Corts Valencianes, fechados en febrero y abril de 2017, que denunciaban la marginación de los valencianos y valencianas en materia de financiación e inversiones.

Por todo ello las entidades firmantes exigimos:

  1. Unareformainmediatadelsistemadefinanciaciónqueestablezcaun nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, posibilitando a los valencianos y valencianas tener unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer nuestras competencias propias. Una reforma para que nunca más exista ciudadanía discriminada solo por el hecho de pertenecer a un territorio.
  2. Un reparto de las inversiones y una ejecución que atienda a una programación racional que acabe con el déficit inversor en la Comunitat Valenciana, compensando en todo caso la insuficiencia inversora en los últimos años y dedicando una cantidad de recursos ajustada a nuestro peso poblacional, tal y como recoge la reforma de nuestro Estatut d’Autonomia aprobada por Les Corts.
  3. El reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación, y el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.

Cuatro décadas después de nuestra unidad por la autonomía, el pueblo valenciano ha de reivindicar más unido que nunca, que podamos alcanzar plenamente los derechos reconocidos en nuestra constitución.

Los valencianos y valencianas vivimos un momento histórico en el que poner punto final a la discriminación, para avanzar hacia una sociedad más prospera y más justa.